La democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años. También significa tener derecho a vigilar, reclamar y exigir responsabilidades a quienes gobiernan en nuestro nombre.
Cuando los partidos políticos se presentan a unas elecciones, lo hacen con un programa electoral en el que exponen sus propuestas y compromisos. Los ciudadanos, al votar, valoran esas propuestas y deciden a quién confiar la responsabilidad de gobernar.
Por eso, una vez celebradas las elecciones, los ciudadanos no deben perder su capacidad de exigir que se cumpla lo prometido. El voto no es un cheque en blanco ni una autorización para que los representantes políticos hagan lo que quieran durante toda la legislatura.
La Constitución española establece que la soberanía nacional reside en el pueblo (artículo 1.2) y reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23). Esto significa que la democracia no termina cuando se cierran los colegios electorales: la participación ciudadana debe continuar durante todo el mandato de los representantes.
Es cierto que los programas electorales no son contratos que permitan acudir directamente a los tribunales para obligar a un Gobierno a cumplir cada promesa. Además, pueden surgir circunstancias económicas, sociales o políticas que hagan necesario modificar determinadas propuestas.
Pero eso no significa que los políticos puedan incumplir sus compromisos sin dar explicaciones.
Los ciudadanos tienen derecho a preguntar qué promesas se han cumplido, cuáles siguen pendientes, por qué se han abandonado determinadas propuestas y qué razones justifican los cambios de rumbo.
También pueden reclamar transparencia, solicitar información, dirigirse a sus representantes, participar en iniciativas ciudadanas y expresar públicamente sus críticas.
Lo verdaderamente importante es que exista una auténtica cultura de rendición de cuentas. Quien solicita el voto y obtiene la confianza de los ciudadanos debe estar dispuesto a explicar cómo utiliza esa confianza y qué hace con el poder que se le ha otorgado.
Esta exigencia debe ser igual para todos los partidos, independientemente de su ideología o de si gobiernan desde el ámbito municipal, autonómico o nacional.
Sería conveniente, además, que los gobiernos publicaran periódicamente informes claros sobre el grado de cumplimiento de sus programas electorales, de manera que cualquier ciudadano pudiera comprobar qué se ha hecho y qué queda por hacer.
La responsabilidad política no puede limitarse a comparecer ante los ciudadanos cada cuatro años para volver a pedirles el voto.
Una democracia madura necesita ciudadanos informados, críticos y participativos, pero también representantes dispuestos a escuchar, explicar y responder por sus decisiones.
En definitiva, los ciudadanos no solamente tienen derecho a elegir a sus gobernantes. También tienen derecho a exigirles coherencia entre lo que prometieron y lo que hacen.
Porque votar es confiar, pero gobernar también significa responder ante quienes han depositado esa confianza. La democracia no consiste únicamente en elegir a los políticos, sino también en exigirles que cumplan con su responsabilidad.
¡Nos vemos en próximas entradas!
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